Desde el 16 de enero del 2016, a petición de G. Morales, la emblemática dirigente social Milagro Sala ha sido detenida arbitrariamente tras un juicio basado en pruebas fabricadas y numerosas irregularidades. Su detención ha suscitado la indignación de numerosas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y ha sido condenada por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria. Desde su arresto, han habido numerosas campañas pidiendo su liberación.
De origen indígena, miembro del Parlamento del Mercosur, la Sra. Sala es la fundadora de la organización social Tupac Amaru, muy activa en las regiones más pobres del norte de Argentina.
Tupac Amaru fue creada en los años 90 como respuesta a las políticas de austeridad económica promovidas por el gobierno ultraliberal de la época, que habían llevado al empobrecimiento extremo de las poblaciones más pobres principalmente compuestas por etnias indígenas históricamente olvidadas por las políticas estatales. Inicialmente, la Tupac Amaru se dedicó a la desnutrición infantil garantizando una comida al día a los niños: la copa de leche, un tazón de leche. Desde entonces, la organización ha crecido y ha comenzado a atender otras necesidades de la población local, como la vivienda, la salud, la educación y el esparcimiento. Ha construido viviendas sociales e instalaciones deportivas y culturales totalmente ausentes de la agenda del gobierno. La Sra. Sala y la Tupac Amaru se han ocupado de alentar a las poblaciones pobres a ser actores de su propio destino integrándose activamente en la construcción de viviendas, centros de recreativos y escuelas.
A partir de 2003, con el financiamiento recibido del gobierno de Néstor Kirchner, la organización ha completado la construcción de más de 8.000 viviendas sociales, 120 cooperativas de producción, así como clínicas de salud, escuelas y centros culturales y recreativos. Esto le ha valido el respeto de todos, la incorporación de 80.000 miembros a la organización y un gran reconocimiento internacional como modelo de desarrollo local (véase el artículo https://www.domusweb.it/en/architecture/2011/11/24/welcome-to-the-country-club.html). En enero de 2016, tan pronto como asumió el cargo, el Gobernador G. Morales hizo detener a la líder social M. Sala de manera escandalosamente arbitraria: el sábado 16 de enero, un grupo de policías la detuvo en ausencia de toda autoridad judicial y con oficiales sin matricula de identificación provincial.
El 29 de enero, el juez la declaró inocente de la acusación de que había sido detenida (uso de su derecho a manifestarse) pero decidió en un período irregularmente breve que permanecería detenida sobre la base de nuevos cargos presentados contra ella después de su detención. Esto sin respetar su inmunidad parlamentaria como miembro electo del Parlamento del Mercosur en 2015. G. Morales no tuvo en cuenta las numerosas denuncias de organismos nacionales e internacionales a las que han dado lugar estas prácticas ilegales, dejando a la Argentina en una situación de ilegalidad por el incumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y de los tratados ratificados.
Cabe señalar que G. Morales reestructuró posteriormente el poder judicial e hizo un uso ilimitado de la justicia con fines políticos. El caso de la Sra. Sala es un ejemplo que ilustra el Lawfare como práctica de persecución contra los oponentes políticos. También se acusa a su gobierno de formar parte de un sistema de corrupción y de conflictos de intereses, de gestión fraudulenta de fondos sociales y de especulación inmobiliaria, entre otras cosas denunciadas por las organizaciones sociales y en las diversas investigaciones realizadas por los periodistas de investigación.
Hoy en día, en el contexto actual de la pandemia, a pesar de los intentos de desmantelarla y del encarcelamiento de su líder, la Tupac Amaru sigue prestando asistencia a los más necesitados organizándose, como en las horas más oscuras de la historia de nuestro país, de manera colectiva, para distribuir alimentos a las familias confinadas.
A continuación encontrará un anexo que describe las medidas adoptadas por la ACAF y las organizaciones internacionales para la liberación de la Sra. Sala y un resumen de las irregularidades relativas a su juicio.
Quedamos a su disposición para explicarle la situación con más detalle.
Saludos solidarios
ANEXO
Acciones de las organizaciones internacionales para la liberación de Milagro Sala
- El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria examinó el caso de la Sr. Sala y determinó que su detención era arbitraria y abusiva, obligando al gobierno nacional de Mauricio Macri a liberar inmediatamente al Sr. Sala de acuerdo con los tratados ratificados por Argentina. El gobierno argentino nunca le dio respuesta.
-La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):Humanos https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/sala_se_01.pdf
-Amnesty Internacional:
Y otras organizaciones y personalidades prominentes de derechos humanos, así como 27 miembros del Parlamento Europeo, han pedido la libertad del Sr. Sala. Sala, sin recibir respuesta.
- La Organización de Estados Americanos (OEA) ha pedido la liberación del Sr. Sala, elogiando su labor social y señalando que sólo ha utilizado su derecho a manifestarse.
Acciones de ACAF en Francia por la libertad de Milagro Sala
- La ACAF ha presentado y firmado peticiones y organizado varios eventos públicos
para su liberación y la de otros miembros de organizaciones sociales detenidos en Jujuy.
- Durante una visita a París de Claudio Avruj, Secretario de Estado para los Derechos Humanos del gobierno de Mauricio Macri, varias organizaciones de derechos humanos -
incluyendo Amnistía Internacional Francia y Francia América Latina - han solicitado una entrevista durante el cual se entregaron cientos de firmas exigiendo que el gobierno argentino para aplicar la resolución del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria El Sr. Macri nunca cumplió con esa petición.
- La ACAF facilitó la investigación "in situ" de la escritora Alicia Dujovne Ortiz, lo que permitió a la publicación en francés del libro Milagro Sala, l'étincelle d'un peuple (Milagro Sala, la chispa de un pueblo) publicado por Des Femmes-Antoinette Fouque, París.
- ACAF también ha presentado una a la alcaldeza de París, la Sra. Anne Hidalgo, solicitando que la Sra. Sala sea declarada ciudadana de honor honorario de la ciudad.
Irregularidades en el juicio de Milagro Sala, un ejemplo de lawfare
Tan pronto como fue elegido gobernador el 15 de diciembre de 2015, Gerardo Morales hizo que se movilizara un contingente de gendarmería por temor a las manifestaciones del Tupac Amaru. En el clima de emergencia que provocó la ansiedad creada por el gobernador, el contingente tomó carreteras en muy mal estado, con la trágica consecuencia de que uno de los autobuses de la gendarmería cayó en un precipicio y 42 gendarmes murieron en el accidente.
Ese mismo mes, G. Morales presionó al parlamento provincial para que aumentara el número de miembros de la Corte Suprema de Jujuy de cinco a nueve, lo que fue aprobado en menos de cinco días con sólo los votos de los diputados pro-morales.
G. Morales nombró a los legisladores de su propio partido que habían votado a favor de la ampliación a los nuevos puestos, y colocó a los miembros de la familia en puestos clave en el poder judicial. También se le acusó de utilizar estos procedimientos para intimidar a los políticos de la oposición y de suspender la acreditación de los abogados que denunciaron la ampliación del Tribunal Supremo. Estas medidas fueron denunciadas como maniobras destinadas a controlar el sistema judicial provincial y a tener "la justicia a su servicio".
El Senador de Jujuy Guillermo Snopek presentó un proyecto de intervención del sistema judicial de su provincia, denunciando en una presentación ante el Senado de la Nación una serie de hechos institucionales de excepcional gravedad (http://www.jujuydice.com.ar/noticias/nacionales-6/snopek-presento-un-proyecto-para-la-intervencion-federal-del-poder-judicial-de-jujuy-47685).
La pieza central de la persecución, Liliana Fernández de Montiel fue la fiscal en el juicio de la Sra. Sala en 2018 cuando fue condenada a 13 años de prisión. El día del juicio, la Sra. Sala fue llevada al tribunal directamente desde el hospital en pijama. Por respeto a su dignidad, la acusada había pedido el derecho de vestirse decentemente. Fue entonces cuando los jueces la expulsaron de la audiencia y continuaron el proceso.
Esa misma noche, el fiscal L. Fernández de Montiel pedía una revisión de la sentencia, ya que la ley argentina no permite que se celebre un juicio en ausencia de los acusados. El tribunal lo rechazó. Tiempo después, L. Fernández de Montiel se negó a validar la detención del ex gobernador Eduardo Fellner, opositor de G. Morales, y obligó a la justicia de su provincia a ponerlo en libertad; pasó de perseguidor a perseguido: puesto en observación, requisado de su oficina y retirado todos los casos relacionados con la Sra. Sala
Hoy L. Fernández de Montiel denuncia en los medios de comunicación sus diferencias con la justicia de Jujuy, persistiendo en pedir la anulación del juicio de la Sra. Sala (https://www.elcohetealaluna.com/el-juicio-nulo-a-milagro-sala/ del 23/02/2020)
El 26 de enero del 2020 el diario El Cohete a la Luna publicó una conversación entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy, Pablo Baca, y la diputada Ana Juárez de Orieta a quien le dijo: "Milagro Sala está presa no por delitos, sino porque este tribunal piensa que si está libre es un peligro para el gobierno provincial. Porque una vez más organizaría un desastre permanente con cortes de rutas y neumáticos quemados". El 14 de marzo 2020 el Sr. Pablo Baca presentó su renuncia. (https://www.elcohetealaluna.com/manada-en-llamas/?fbclid=IwAR1PMat07n-UZ5OPxbIaapxhYz3wHiwYH4FAgIdZ5MB4ErFutVRRZV8Q9s8 de 26/01/2020).
Está muy claro que la detención de la Sra. Sala y de los otros diez miembros de la organización Tupac Amaru tiene por objeto dar una señal fuerte y avanzar en el desmantelamiento de la impresionante labor de construcción del poder democrático, la justicia social y la realización efectiva de los derechos de los más desfavorecidos.