El 13 de noviembre el tribunal de apelación de Casación Penal de Argentina resolvió confirmar una sentencia que condena a seis años de prisión e inahibilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
Se confirma de esta manera un nuevo paso en la persecución judicial, mediática y política contra la actual presidenta del Partido Justicialista, el principal partido político de la oposición al gobierno anarcolibertario del presidente Javier Milei.
Cristina Fernández ha sido condenada por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, por obras de vialidad desarrolladas en la provincia de Santa Cruz, que fueron aprobadas por ley de presupuesto nacional y llevadas adelante por el gobierno de esa provincia patagónica. Según los expertos que testimoniaron en el juicio no ha habido sobre precios, las obras se ejecutaron y la responsabilidad de la expresidenta en la ejecución de esas obras no existe, porque no dependen de su competencia. En Argentina según la constitución nacional reformada en 1994, es el jefe de gabinete de ministros quien ejerce la administración del país y no el presidente o presidenta.
Pero no sólo las irregularidades jurídicas cuestionan el fallo, sino que también los jueces del tribunal no parecen imparciales, tienen probados vínculos públicos con el expresidente conservador Mauricio Macri, quien fuera protagonista de la persecución de líderes políticos, sindicales y sociales a través de lo que se llamaba durante su gobierno “mesa judicial”, instancia donde el expresidentese reunía con algunos de estos jueces para acordar los pasos a seguir en la persecución a sus rivales políticos.
A esto hay que sumar que luego del intento fallido de magnicidio contra Cristina Fernández deKirchner el 1 de septiembre de 2022, el grupo monopólico de comunicación Clarín, tituló a los diez días del atentado en su diario insignia, “la bala que no salió y el fallo que si saldrá”, adelantando así la sentencia condenatoria que tuvo lugar poco tiempo después.
Todo esto se enmarca en un contexto regional de proscripciones y persecuciones contra otros líderes políticos y que llevó a Lula a pasar dos años en prisión, a Rafael Correa al exilio o a Evo Morales aser derrocado por un golpe de Estado. Estas circunstancias pueden llevar a la conclusión de que se trata de una ofensiva de las élites económicas transnacionales para desalentar e impedir políticas que vayan en sentido contrario a las recetas económicas y sociales neoliberales. Porque lo que tienen en común todos estos líderes políticos, a pesar de que cada uno cuenta con una identidad ideológica y política diversa, es que no favorecieron un esquema de desregulaciones,liberalizaciones y privatizaciones que reclaman constantemente dichas élites.
Hoy Argentina es un virtual laboratorio de las políticas neoliberales más extremas, donde se intenta desguazar el Estado, suprimir todas las conquistas sociales, y entregar el país en trozos a la voracidad del capital multinacional.
Es en este contexto que Cristina Fernández de Kirchner padece un intento serio de proscripciónpolítica, a quién el presidente Milei, autoerigiéndose como juez político, decidió retirarle lajubilación que le corresponde en su carácter de expresidenta, deteriorando aún más la calidaddemocrática de Argentina, al imponer sanciones que no existen en el marco jurídico y por unaautoridad que no tiene dicha competencia.
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